La cooperación al desarrollo es una tarea difícil pues, seamos realistas, alcanza escasos éxitos. Casi nadie discute que la brecha entre países se agranda, y si el objetivo básico de la verdadera ayuda al desarrollo es lograr que ella misma no sea necesaria, visto el clamor generalizado a favor de su aumento, no parece que vayamos por buen camino. Joan Prats ha aportado recientemente en esta misma tribuna sugestivas ideas sobre el tema (Reestructurar la ayuda externa: Ideas para un debate; Gobernanza nº 30 y La ayuda externa en busca de calidad, Gobernanza nº29, entre otros). Las reflexiones que se exponen a continuación, desde una perspectiva muy distinta, van en la línea de poner en valor los programas de recuperación y revalorización del Patrimonio Histórico y Monumental de los centros urbanos en Latinoamérica.

Desde hace mucho tiempo se da por sabido que el proyecto aislado, el de la escuelita o el hospital, puede ser una ayuda pero difícilmente induce desarrollo autónomo. Se pasó luego a los programas “integrales” con la intención de matar varios pájaros de un tiro, con no mejores resultados, hasta llegar a la conclusión que para inducir verdadero desarrollo, deflagrar el círculo virtuoso del desarrollo, lo que un programa o un proyecto debe lograr es generar capacidades de acción colectiva cooperativa entre la población beneficiaria. Ello puede leerse como fortalecimiento institucional o, si se quiere, gobernabilidad. Pues bien, desde mi conocimiento parcial de la cooperación y desde una posición esencialmente intuitiva, quiero argumentar que los denominados programas de “Patrimonio” gozan o pueden gozar fácilmente de estas últimas virtudes. Quizás, insisto, desde mi visión parcial y en el marco de al cooperación española, incluida la descentralizada, sean los programas que mejor situados están para acumular varias de tales virtudes.

No cabe duda que el modelo de plan urbanístico de rehabilitación de centros históricos, con compra de Patrimonio haciéndolo público, rehabilitarlo, dignificarlo y darle buen uso (a poder ser sostenible) emparejado a la “escuela taller” que profesionaliza a jóvenes sin empleo y genera economía local, concuerda plenamente con la idea de integralidad antes citada y con el deseado fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales. Además, y ahora desde el punto de vista estrictamente ibérico, concuerda con la lógica histórica de poner en valor una de las cosas positivas que las antiguas potencias coloniales dejaron en heredad. Ello aún cuando en muchos casos lo que se rehabilita son edificios y entornos con elevada componente republicana, casos de Granada y León en Nicaragua o el de Quito en Ecuador, donde la trama es colonial, pero buena parte de los edificios patrimoniales son incluso del siglo XX.

Por poco consistente que sea el programa, en base a las actuaciones puntuales, se inducen mejoras de dignificación de los entornos urbanos, se recupera el sentido del espacio público y se rehabilitan centralidades con la consiguiente generación de plusvalías potencialmente muy beneficiosas para la economía urbana en general. Se estimula pues un círculo virtuoso de desarrollo de gran importancia.

Un primer beneficio para la economía local es la regeneración comercial de carácter formal que con la dignificación de los espacios se empareja casi inevitablemente a la reordenación del comercio ambulante, tarea harto difícil para las autoridades locales. Ello resulta importante pues la proliferación de este tipo de comercio induce justamente lo contrario a lo deseado, activando un círculo vicioso de subempleo con relaciones mafiosas, usuras, menor recaudación fiscal, degradación de la centralidad y total desgobierno. Es la máxima expresión del déficit de gobernabilidad urbana. La informalidad y en concreto el comercio informal callejero es, quizás un recurso de subsistencia, pero ciertamente es la antítesis del desarrollo. Los programas de Patrimonio y rehabilitación de centros urbanos apoyan y facilitan mucho, ni que sea colateralmente, la formalización comercial de amplias áreas urbanas.

No hace falta extenderse mucho en los efectos sobre la economía turística tan codiciada y algunas veces mal entendida. Sólo remarcar que la atracción turística es inseparable del embellecimiento, la limpieza y el orden urbano, en suma, de la dignificación de la ciudad. Cuando se logra la atracción de operadores turísticos privados se activa el círculo virtuoso de contar con actores interesados de la sociedad civil muy sensibles a la calidad del espacio público que fortalecen la acción del gobierno local al formularle exigencias en del campo del orden urbano. Sobre dichos operadores privados se puede opinar que lo mejor es que sean locales, cierto, pero nada de malo tiene si son foráneos ya que éstos, además de capital, a menudo aportan know how innovador con frecuencia muy necesario. Recordemos que estamos en un mundo globalizado y que el si el capital extranjero acude a una determinada operación turística de rehabilitación de patrimonio, entre otras cosas es porque tiene fe en la ciudad y en la sostenibilidad económica de dicha operación. Lo que debe ser preocupación de la gobernanza local es cómo se regulan estas actividades y se articulan mecanismos para capturar el máximo de beneficios de este capital externo para la economía local.

Pero es el intangible de dignificar ciudad y el espacio público generado por la rehabilitación de patrimonio histórico, dónde quisiera hacer más hincapié. Uno de los principales problemas de la mayoría de las ciudades latinoamericanas desde la llegada del automóvil privado es que la mitad de las élites dominantes, económicas y gubernamentales, han hecho dejación de sus mínimas obligaciones patrimoniales (patrióticas) practicando un urbanismo de “quema y roza”, renegando o renunciando a su heredad, a sus espacios simbólicos y a sus raíces, huyendo del centro que han sido incapaces de gobernar y migrando secuencial y periódicamente a barrios de nueva creación, supuestamente selectos, pero sin espacio público de calidad, optando por lugares periféricos cerrados en forma de condominios o incluso de verdaderos bastiones privados. Ello ha sido fruto de un proceso que sobre la base de una mentalidad de herencia colonial (que bien se podría calificar con el grafico término de “vende-patrias”), ha combinado la incapacidad de afrontar la gobernabilidad (que incluye seguridad) del espacio público central, con la el fácil control terrateniente de los terrenos periféricos y la mano de obra barata para la construcción. Tal proceso ha generado pedazos de ciudad amorfos y despersonalizados que se yuxtaponen sin alcanzar orden urbano. Con desazón puede afirmarse que en los 25 últimos años casi no se ha construido espacio público atractivo, se han construido centros comerciales cerrados (shoopings o malls) y condominios también privados. El gran problema de fondo es que este modelo urbano genera muy pocas economías de aglomeración que, a fin de cuentas, son el verdadero “negocio” de la ciudad y la razón última de ser de la densidad urbana. Con este modelo se han perdido los enormes beneficios de las externalidades urbanas positivas sin disminuir los costes de las negativas. Todo ello, sin duda, representa un gran lastre para la economía en general y una lastimosa pérdida de cohesión de la colectividad urbana.

Si este análisis tan sumariamente esbozado tiene algo de acertado, las lecciones derivadas de los procesos de rehabilitación patrimonial de los centros históricos, que cuando tienen éxito son básicamente de represtigiación del espacio simbólico central, son el mejor curso de urbanismo práctico que se puede dar a gobernantes locales y a la sociedad civil. En el entorno globalizado en que vivimos, la identidad urbana, el orgullo de pertenecer a la comunidad local, el prestigio del espacio propio, el enraizamiento con el medio, etc. que se plasman simbólicamente también en la belleza y la monumentalidad urbana históricamente acumulada, es un activo intangible de primer orden. Sinceramente, creo que la mayoría de programas de cooperación en Patrimonio impulsados por la AECI y también notoriamente por la Junta de Andalucía, con mayor o menor éxito, han aportado importantes granos de arena a este intangible tan preciado.

En resumen, a los programas de Patrimonio y/o a su reformulación, les vemos todas estas virtudes y potencialidades: rehabilitan edificios y entornos, capacitan en oficios productivos, inserción laboral a jóvenes desempleados, regeneración del comercio formal, favorecen la economía turística, fortalecen institucionalmente los gobiernos municipales, inducen a la gobernabilidad urbana y a la mejora del urbanismo, dignifican y prestigian el espacio público generando sentimiento y orgullo de pertenencia a la ciudad. Sin duda, se trata de un capital y un potencial digno de ser aprovechado.

Septiembre de 2005

Josep Centelles i Portella

Ingeniero-urbanista, consultor en estrategias urbanas

Adjunto a la dirección del IIG en gobernabilidad local y urbana